Hoy, los legisladores quieren aprobar una Ley de Seguridad Interior que legalizaría la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles.

Exige a los diputados que voten en contra de la militarización del país.

La seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares.




Presionemos a nuestros legisladores
para exigir una #SeguridadSinGuerra

Como organizaciones reiteramos que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares.

Una Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que anunciaron en el Congreso.

Cualquier medida extraordinaria de seguridad que involucre a las Fuerzas Armadas o la Marina que se pretenda adoptar debe pasar por el esquema de suspensión de garantías, previsto en la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional. Actualmente, la minuta aprobada de la Ley Reglamentaria del 29 no cuenta con suficientes controles ni contrapesos para ello.

En vez de legalizar lo ilegal, se debe de hablar de un retiro programado de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de las policías civiles a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No se trata solamente de las iniciativas de Leyes de Seguridad Interior (LSI), sino de un paquete regresivo de legislación que busca reglamentar la presencia de las Fuerzas Armadas y la Marina en actividades de seguridad pública, lo que debilita aún más controles civiles a estas acciones; ejemplos: propuestas de LSI, Ley Reglamentaria de Artículo 29, reformas a la Ley de Puertos, Reformas al Código de Justicia Militar y reformas a Ley contra la Delincuencia Organizada.

Necesitamos construir una #SeguridadNoMilitarizada

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Envía un correo a los 500 diputados para que voten en contra de la Ley de Seguridad Interior

Quem você vai pressionar (359 alvos)
    Como funciona?
    1. Estamos ligando para o seu alvo
    2. Assim que alguém atender do lado de lá, vamos te ligar
    3. Quando você atender, conectamos as ligações
    4. Agora é com você!

    0
    Personas que han presionado


    A tres años de Tlatlaya

    Detengamos la militarización. Formemos policías.
    Escucha a las víctimas.

    #SeguridadSinGuerra se refiere a un conjunto de iniciativas que buscan consolidar la militarización del país. Entre ellas se hace referencia a dos iniciativas una presentada por el senador Robert Gil y otra por los diputados César Camacho y Martha Tamayo con las que se pretende aprobar una “Ley de Seguridad Interior”. Una tercera iniciativa se presentó el martes 10 de enero por el Senador Luis Miguel Barbosa.

    Asimismo, el colectivo #SeguridadSinGuerra frenó la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, misma que regula la suspensión de derechos y garantías sin los controles adecuados.




    Descarga las iniciativas aquí:

    Si bien cada iniciativa tiene problemas particulares, lo cierto es que comparten un común denominador. Se trata de proyectos de ley que conjuntamente pretenden:

    1) Legalizar la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles.

    2) Crear un marco de operación militar sin rendición de cuentas o transparencia

    3) Empoderar al Presidente y a las Fuerzas Armadas.

    4) Debilitar los contrapesos legislativos y judiciales para vigilar y controlar la ejecución de dichas tareas.


    Descarga las iniciativas aquí:


    • Crea la figura “declaratoria de afectación a la seguridad nacional” que no existe en la Constitución y burla el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional (suspensión de derechos y garantías).
    • Abre la puerta para que el Presidente, de manera unilateral y sin aprobación del Congreso, incremente la participación de los militares en funciones de seguridad pública.
    • Debilita el control legislativo y da poder de veto a una comisión integrada por sólo 6 legisladores.
    • Es un cheque en blanco: la definición de “afectaciones a la seguridad interna” es tan amplia que el Presidente puede usar prácticamente cualquier pretexto.
    • Permite que las “declaratorias” se extiendan hasta por un año.
    • Autoriza al ejército a usar la fuerza para repeler o controlar actos de resistencia no agresiva; incluso, con cita textual avala "la utilización de técnicas, tácticas y métodos por la Fuerza Armada Permanente [...] para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva".
    • No contempla una protocolo (aprobado por el poder Legislativo) para el uso de la fuerza durante las declaraciones.
    • Permite que el Ejército realice tareas de procuración de justicia y de inteligencia: recibir denuncias, practicar detenciones, investigar y perseguir delitos, recoger testimonios, recolectar información.
    • Autoriza el espionaje y geolocalización indiscriminada de ciudadanos, y permite que toda información obtenida quede en manos de múltiples autoridades (CISEN, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Seguridad, Fiscalía General).
    • Es una simulación. Pretende que en 90 días los militares cuenten con un adecuado “adiestramiento y doctrina para operaciones de seguridad interior en estricto apego a los derechos humanos”.
    • No contempla una ruta para que los militares regresen a los cuarteles.
    • No distingue entre desastres naturales y emergencias relacionadas con violencia.
    • Viola el principio federal, pues subordina a todas las autoridades estatales frente a las federales.


    • Crea la figura “declaratoria de protección a la seguridad interior” que no existe en la Constitución y que burla el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional (suspensión de derechos y garantías).
    • Crea otra figura, la de “acciones de orden interno” que busca hacer permanente la participación de militares en tareas como el establecimiento de bases de operaciones y puestos de vigilancia, patrullajes, intercepciones y “las demás que se consideren necesarias”.
    • Es un cheque en blanco: las definiciones de “seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior” son tan amplias que permiten que el Presidente realice “declaraciones” y “acciones” bajo cualquier pretexto.
    • Autoriza al ejército a usar armamento en contra de actos de resistencia no agresiva.
    • Abre la puerta para que el Presidente, de manera unilateral y sin aprobación del Congreso, incremente la participación de los militares en funciones que corresponden a autoridades civiles.
    • Traslada el control de los civiles a los militares, al establecer que un “Comandante de las Fuerzas Armadas” será quien dirija las acciones.
    • Abre la puerta a que los militares espíen de manera indiscriminada a la ciudadanía. Cita textual: "Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información".
    • Permite que las” declaratorias” se prorroguen y modifiquen de manera indefinida.
    • No contempla una ruta para que los militares regresen a los cuarteles.
    • No distingue entre desastres naturales y emergencias relacionadas con violencia.

    • Permite que los estados de excepción se prorroguen indefinidamente (mientras que la Constitución señala que deben ser temporales).
    • Permite que unos cuantos diputados y senadores (y no todo el Congreso de la Unión) aprueben, modifiquen y extiendan la suspensión de garantías.
    • Obliga a que los civiles “cooperemos” con las autoridades (militares) para “proteger” bienes e instalaciones.
    • Impide que la Suprema Corte sea un contrapeso efectivo al exigir una mayoría calificada (8 de 11 votos) para invalidar el Decreto de suspensión de garantías.
    • Limita la efectividad del juicio de amparo, pues impide que (salvo excepciones) las acciones del Ejecutivo realizadas durante las emergencias se suspendan.
    • Viola el principio federal, pues subordina a todas las autoridades estatales frente a las federales.
    • No distingue entre desastres naturales y emergencias relacionadas con violencia.
    • Impide que el Poder Legislativo cuente con la información necesaria para vigilar las acciones del Presidente.


    Voces de los expertos

    La importancia de #LegislarConEvidencia

    Opinión del Dr. Alejandro Madrazo Lajous
    sobre una Ley de Seguridad Interior
    Opinión de Catalina Pérez Correa sobre
    las iniciativas de Ley de Seguridad Interior
    Opinión de Ernesto López Portillo sobre
    las iniciativas de Ley de Seguridad Interior
    Jorge Javier Romero y Pedro Salazar hablan sobre
    las iniciativas de Ley de Seguridad Interior
    Testimonio de Alicia Rabadán sobre
    la ejecución de su hijo por militares
    Testimonio de Héctor Sánchez sobre
    la ejecución de su hijo por militares
    Testimonio de Jorge Parral sobre
    la ejecución de su hijo por militares

    Una opinión de un defensor de una Ley de Seguridada Interior
    (Sin comentarios)



    #LegislarConEvidencia

    Desde que comenzó la estrategia de intervención militar, el número de homicidios dolosos aumentó de 122 % en sólo cuatro años. Pasamos de 10 mil 253 muertes anuales en 2007 a 22 mil 852 en 2011. Actualmente suman más de 213 mil homicidios dolosos. Fuente : Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

    Aumento alarmante de desapariciones: más de 30 mil 942 personas se encuentran desaparecidas sin contar personas migrantes. Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 2017 (RNAPED)

    En Colombia desaparecieron 60 mil personas en 45 años, en México la mitad de esta cifra en tan sólo 4 años.

    Entre enero de 2007 y marzo de 2013, se registraron más de 1,800 muertes violentas de menores de edad en hechos vinculados en la guerra que contra las drogas. Fuente: Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)

    De 2000 y 2006, la CNDH registró 1 mil 135 quejas contra las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos y 11 recomendaciones al
    gobierno mexicano. De 2006 a 2016 la CNDH ha registrado 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones en contra de las fuerzas armadas. 1,075 quejas y más de 14 recomendaciones en promedio al año. Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

    El Ejército mexicano mata a 8 personas por cada una que hiere. Entre 2008 y 2014, el índice de letalidad (número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos con fuerzas federales) del Ejército y de la Marina fue de 10.4 y 16.8 respectivamente. Muy superiores al índice de 6.6 reportado por la Policía Federal. Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

    En estados donde la militarización data de décadas atrás, como Guerrero, la violencia ha ido en aumento permanente. En 2015, Guerrero tuvo la tasa más alta de homicidios en el país: 54.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Fuente: Instituto para la Economía y la Paz.

    Más de 287 mil personas han sido desplazadas por la violencia y la estrategia de seguridad con intervención militar. Fuente: Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

    Existen 1, 273 denuncias por tortura a manos de militares entre 2006 y 2014. Fuente: Solicitud de información Procuraduría General de la República

    Por 10 años se ha construido una narrativa y una estrategia de seguridad sin datos que las sustenten. Fuente: Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República


    Prensa #SeguridadSinGuerra

    9 - Templo Mayor. Reforma
    18 - La Constitución sometida. El Universal
    21 - La policía militar, al quite Animal Político
    Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional

    16. Diez años de absurda guerra – El Universal
    Ley de Seguridad Interior


    48. Seguridad interior, la prioridad – El Economista
    Notas recientes relacionadas con la militarización de la seguridad en México

    1. Levanto las dos manos - Excelsior
    2. Un Golpe Silencioso – El mañana
    5. Crítica de la mano dura - Vanguardia
    7. Poder civil, poder militar – El Financiero
    15. Se legalizará el sinsentido – el Diario de Coahuila
    16. Con pendientes, cierra Congreso – El Universal
    48. Demandan ONG reforma policial – El Siglo de Torreón
    Comunicado #SeguridadSinGuerra
    • México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia.
    • Es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Una Ley de seguridad interior no es la vía adecuada.
    • Imprescindible trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial.

    Las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar. Así lo han expresado múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio Secretario de la Defensa. Así también lo ordena la Constitución. Sin embargo, la realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA) mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace 10 esta participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil.

    En este contexto, se ha planteado la necesidad de dar a las FFAA un marco legal para definir los alcances de su participación en las tareas de seguridad pública. Coincidimos en que es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no creemos que una Ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las Fuerzas Amadas ni a la ciudadanía. Se trata de una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las FFAA hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. La propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.

    La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional. La propuesta de crear una Ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas. La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio ha desgastado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados, tal como lo ha reconocido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

    México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia. Antes que una Ley de seguridad interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables. El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido.

    El concepto de seguridad interior es poco claro. Confunde las funciones –y tareas- de seguridad nacional y de seguridad pública. Las propuestas de Ley en la materia proponen un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia entre otros, a la vez que no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación. Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad.

    La Ley de seguridad interior no es el mejor ni el único camino en la actual encrucijada. Como colectivo proponemos:

    1. Promulgar la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe:
    a. Incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial.
    b. Fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables.
    c. Incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública.
    d. Considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las FFAA.

    2. Las intervenciones de las Fuerzas Armadas en estos operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.

    3. Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

    4. Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida.

    5. El plan de regreso debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.

    6. Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.

    7. El plan debe considerar que se restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa coherente y consistente de combate a la impunidad.

    8. Se debe asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.

    No se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo. La Ley de seguridad interior es el síntoma extremo de un paradigma de seguridad que fracasó. Esto es constatable con la alta proporción de víctimas de todo tipo de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la extendida percepción de inseguridad, la sub denuncia desproporcionada y la masiva desconfianza social hacia las instituciones que la deberían proteger. El despliegue militar afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos. Es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra.

    Ciudad de México a 12 de marzo de 2017

    Alan García Huitrón, Alberto Athié. Aleida Calleja, Alejandra Nuño, Alejandro Anaya, Alejandro Madrazo, Ana Lorena Delgadillo, Alma Gómez Caballero, Álvaro Santos, Ana Lidia Murillo Camacho, Angélica Nadurille Álvarez, Antonio Cervantes Guerrero, Carlos Antonio Flores Pérez, Carlos Cruz Santiago, Carlos Fazio, Carlos Ventura Callejas, Carolina Pimentel, Carolina Robledo Silvestre, Catalina Pérez Correa, Cecilia Bárcenas, Celina Izquierdo Sánchez, Clara Jusidman, Claudia Janette Soto, Consuelo Morales, Cuba Flores. Cynthia Salazar, Cinthia Eslava Montiel, Dafne Estefanía Gómez, Daniel Gershenson, David Fernández Dávalos, Deborah Ruíz Verduzco, Denise Dresser, Diana Paola Olvera Feregrino, Diego Enrique Osorno, Edgar Cortez, Eduardo Gallo, Elena Azaola Garrido, Eliana García, Enrique González Ruiz, Enrique Pasta Muñuzuri, Ernesto López Portillo, Erika Llanos Hernández, Eurídice Román De Dios. Fernando Belaunzarán, Fernando Ríos Martínez, Francisco Saucedo Pérez, Guadalupe Aguilar, Helena Varela Guinot, Imelda Marrufo, Irma Rosa Martínez Arellano, Isabel Mejía Echarri, Jacobo Dayán, Javier Sicilia, Jesús Mendoza Zaragoza, Jesús Robles Maloof, Jorge Fernández Mendiburu, Jorge Fernández Souza, Jorge González de León, Jorge Javier Romero Vadillo, José Carlos Bustamante Luna, José Luis Caballero, José Salcido, Julián Mejía Berdeja, Julio Mata. Julio Ríos, Karina Ansolabehere, Layda Negrete, Leticia Gutiérrez Valderrama, Leticia Vázquez, Lisa Sánchez, Lucha Castro, Lucia Baca Baca, Luis Daniel Vázquez Valencia, Luis F. Fernández, Luis González Plascencia, Maite Azuela, Mara Hernández, Margarita Espino del Castillo, Margarita López, María Guadalupe Morfín Otero, Mariana Bernárdez, Mariclaire Acosta, Mario Saucedo Pérez, May-ek Querales Mendoza, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Barrera, Miguel Concha Malo, Miguel Sarre Iñiguez, Nasheli Ramírez, Norma González Benítez, Olga Noriega, Pablo Girault, Pablo Reyna Esteves, Pablo Romo Cedano, Paulina Vega, Pilar Noriega García, Quetzalcoatl G. Fontanot, Ramón Gracida Gómez, Roberto Hernández, Rocío Culebro, Rogelio Gómez Hermosillo, Santiago Aguirre, Samia Cruz Rivera, Sarah Aguilar, Séverine Durin, Silvano Cantú Martínez, Silvia Eslava Montiel, Teresa Carmona Lobo, Vanesa González-Rizzo. Yolanda Tello Mondragón.

    Organizaciones Asociación Sinaloense de Universitarias, AC Albergue Tochán Causa en Común, A. C. Cauce Ciudadano AC Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", A.C. (Guerrero) Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Chiapas) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A. C. (Coahuila) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A. C. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C. Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C. Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. Colectiva Ciudad y Género, A. C. Colectivo Colibrí Colectivo Ni Una Menos. Cancún Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Comité Solidario y Derechos Humanos Monseñor Romero Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Oaxaca) Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Enjambre Digital Espacio libre independiente Marabunta Familiares en Búsqueda María Herrera Familiares en Búsqueda María Herrera-Xalapa Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) Indignación, A. C. Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. Universidad Iberoamericana Puebla Instituto de Justicia Procesal Penal, AC Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD) Instituto para la Seguridad y la Democracia, (Insyde) Justicia para Nuestras Hijas, A. C. La Alameda Morelos Laboratorio de Innovación para la Paz México Unido contra la Delincuencia A.C. Mi Ciudad Mx Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Participando por México A.C. Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala) Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana CDMX Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, ITESO (Guadalajara) Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez Red retoño Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC Regresando a Casa Morelos, A. C. Renacer Lagunero Ririki Intervención Social Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiado, SMR Sicsal México (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina) Unidos por los Desaparecidos en Baja California Uniendo Cristales Desaparecidos Justicia A.C.

    Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
    Esta plataforma se creó en apoyo a las organizaciones firmantes para evitar que los diputados aprobaran al vapor la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional sin que se establecieran controles y contrapesos adecuados, así como para abrir la discusión en torno a las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior. A pesar de ello, éstas son sólo algunas iniciativa más de un paquete de iniciativas que promueven una intervención mayor del Ejército en tareas de seguridad pública.

    Como organizaciones reiteramos que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares.

    El contenido de este sitio provienen de distintas organizaciones, el cual es sintetizado y procesado por representantes del colectivo #SeguridadSinGuerra para el uso de esta plataforma digital. Cualquier duda o atención sobre la plataforma escribir a: contacto@seguridadsinguerra.org
    Tlatlaya: tres años de impunidad

    • La falta de justicia ha propiciado que se repliquen episodios de ejecuciones arbitrarias a manos de las Fuerzas Armadas.
    • La PGR no ha hecho lo necesario para esclarecer el número real de víctimas, la alteración de la escena del crimen ni el encubrimiento.
    • Se ha evitado llamar a rendir cuentas a los responsables de dar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
    • La sobreviviente y testigo Clara Gómez presenta amparo por falta de debida diligencia.

    Ciudad de México, 29 de junio de 2017.

    Hace ya tres años, en el poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, tuvo lugar uno de los hechos de graves violaciones a los derechos humanos que han marcado la historia reciente de México. Entre 8 y 12 personas fueron ejecutadas arbitrariamente a manos de elementos del Ejército, en un episodio que a pesar de su triste notoriedad no ha sido esclarecido.

    La impunidad con la que se ha cubierto la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría suceder de prosperar los intentos por aprobar una Ley de Seguridad Interior que le de mayores facultades a las Fuerzas Armadas para operar en seguridad pública, una tarea reservada a civiles y contraria a la formación de marinos y militares, como han reconocido sus propios mandos y como lo demuestran los recientes hechos en Palmarito, Puebla.

    Es pertinente recordar que en el caso Tlatlaya, ocurrido en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, las autoridades sostuvieron la versión de que los civiles habían muerto durante un enfrentamiento con los elementos del 102 Batallón de Infantería, hasta que el testimonio de una de las testigos y sobreviviente, aunado a pruebas recabadas por periodistas, reveló que la mayoría de los 22 fallecimientos se dio tras haberse rendido los civiles y que las autoridades encubrieron lo sucedido, además de coaccionar a las testigos para callar lo que presenciaron.

    A pesar de que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su Recomendación 51/2014, acreditó que existió privación arbitraria de la vida en contra de los civiles, el deficiente trabajo de la Procuraduría General de la República y la condescendencia del Poder Judicial de la Federación ha provocado que al día de hoy no haya nadie rindiendo cuentas por este delito.

    Un primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha esclarecido ni siquiera el número de víctimas. En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria. La resolución del tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial.

    En segundo lugar, la alteración de la escena del crimen -que la CNDH advirtió que ocurrió “al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”- tampoco ha sido esclarecida ni las responsabilidades por este encubrimiento señaladas, a pesar de que existen elementos de prueba como el oficio CNDH/CGSRAJ/USR/2648/2016 de 29 de noviembre de 2016, mediante el cual la CNDH ofreció a la PGR como prueba imágenes fotográficas provenientes del portal Aristegui Noticias. La propia defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente de CNDH.

    Como tercer elemento se suma la falta de acciones para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh hace ya dos años. Inmediatamente después de la revelación de esta orden militar que incentiva la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, Clara Gómez y el Centro Prodh ofrecieron una serie de pruebas a fin de deslindar responsabilidades en razón de la cadena de mando, con señalamientos concretos de qué funcionarios deberían citarse a declarar; y determinar el origen de la misma. Veinticuatro meses después, la PGR, dentro de la Averiguación Previa PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha llamado a declarar a los mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con excepción del Teniente Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un “machote” y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones. De ser cierta esta afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería identificar la identidad del autor de dicho “machote” o del mando que debió supervisar tales órdenes.

    Frente a estas omisiones, Clara Gómez ha tenido que interponer una demanda de amparo por la falta de debida diligencia, que se encuentra en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 545/2017.

    Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas en el marco de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. La impunidad con la que se ha cubierto éste y otros episodios nos indica que dar mayores facultades a los elementos militares para intervenir en seguridad pública es un camino que solamente profundizará la grave crisis de derechos humanos que padecemos los mexicanos.

    La falta de justicia a tres años de un hecho tan emblemático como la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría incentivarse si las y los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, y es un llamado de atención hacia las fallas estructurales en la procuración e impartición de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos.

    Organizaciones
    Cauce Ciudadano AC
    Causa en Común AC
    Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)
    Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C
    Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
    Instituto De Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB)
    Instituto de Justicia Procesal Penal, AC
    Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (INSYDE)
    Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
    Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC
    Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
    Enjambre Digital
    Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
    Instituto de Justicia Procesal Pena, AC
    México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
    Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad, AC
    Participando por México AC
    R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
    Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana).

    Personales
    Alberto Athié
    Carlos Cruz Santiago
    Carlos Brito
    Catalina Pérez Correa
    Denise Dresser
    Ernesto López Portillo Vargas
    Guadalupe Barrena
    Jorge Javier Romero
    José Antonio Guevara
    Luis Fernando Fernández Ruiz
    Mariclaire Acosta Urquidi