Hoy, los legisladores quieren aprobar una Ley de Seguridad Interior que legalizaría la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles.

Exige a los diputados que voten en contra de la militarización del país.

La seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares.
Carta abierta al Frente Ciudadano por México

Noviembre de 2017.

Las organizaciones y personas firmantes hacemos un llamado al Frente Ciudadano por México para tomar una posición inequívoca en contra de los continuados esfuerzos del gobierno y sus aliados por aprobar legislación en materia de “seguridad interior” y con ello perpetuar la militarización de la seguridad pública. México necesita un cambio, no sólo en la forma de hacer política, sino también en la estrategia y modelo de seguridad; uno encaminado al fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad.

El concepto de “seguridad interior” fue utilizado durante el siglo XIX para referirse fundamentalmente a dos situaciones: los levantamientos políticos y las incursiones de tribus indígenas nómadas o semi-nómadas en el Norte del país. Al desaparecer, gradualmente ambas situaciones, la cláusula constitucional que permitía al Ejecutivo desplegar a las Fuerzas Armadas quedó en desuso y pasó a ser letra muerta. El intento actual por revitalizar esta letra muerta sólo puede entenderse en el contexto de la militarización de la seguridad pública que hemos vivido desde el gobierno de Felipe Calderón. En específico, cuando la reforma constitucional de 2008 explícitamente limitó las tareas de seguridad pública a corporaciones civiles, excluyendo de ellas a las castrenses (artículo 21), y el entonces presidente, Felipe Calderón, propuso al Congreso injertar un capítulo de “seguridad interior” a la Ley de Seguridad Nacional, dándole enormes facultades para militarizar unilateralmente al país. La iniciativa pretendía instrumentar una especie de fraude a la constitución etiquetando las funciones de seguridad pública bajo la cláusula de “seguridad interior” para así esquivar la prohibición constitucional adoptada en el artículo 21 meses antes. Ese intento fue detenido cuando ciudadanos y legisladores de oposición se negaron a validar una norma inconstitucional.

A lo largo del último año hemos visto numerosas iniciativas que pretenden nuevamente usar la etiqueta “seguridad interior” con el objetivo de utilizarla para violentar la prohibición constitucional a la militarización de la seguridad pública. Algunas propuestas se proponen como una ley independiente mientras que otras, tal como lo hizo Felipe Calderón originalmente, buscan insertar un capítulo nuevo en la Ley de Seguridad Nacional. En esencia, estas iniciativas son lo mismo: una violación a la constitución y la renuncia del gobierno civil a asumir su responsabilidad constitucional de proveer seguridad pública, cargando sobre las Fuerzas Armadas una responsabilidad para la que no están entrenadas ni facultadas.

Hoy, las organizaciones e individuos firmantes exigimos al Frente Ciudadano que diga no a la legislación en materia de seguridad interior y sí a la revisión seria y basada en evidencia del sistema de seguridad pública nacional a través de cuerpos civiles. Entendemos que existe una resistencia importante a esta postura de parte de los gobernadores, incluidos algunos provenientes de los partidos que conforman el Frente. Para muchos gobiernos locales, es más fácil descargar su obligación constitucional en el Ejército que cumplir con sus responsabilidades. Pero si el Frente ha de ser realmente Ciudadano, debe de responder a las necesidades e intereses de la ciudadanía y no a los de la clase política. Si en cambio cede ante las presiones y suscribe, propone o aprueba alguna iniciativa que -usando el subterfugio de “seguridad interior” o cualquier otro- tenga como resultado burlar el mandato constitucional consistente en que la seguridad pública quede exclusivamente en manos de cuerpos civiles, estará decantándose como una herramienta más de la clase política para la lucha electoral.

Confiamos en que su llamado a formar un frente político amplio que acerque la clase política a la ciudadanía es honesto. Pero señalamos con claridad que ese llamado será creíble a partir de hechos, no de dichos. El país está viviendo momentos de definiciones clave para su futuro. La posición del Frente ante la legislación en materia de “seguridad interior” es clave para saber si existe realmente un compromiso de su parte por construir un futuro distinto para el país o si lo condenarán a seguir por el actual camino.

Alberto Athié 
Alejandro Anaya
Alejandro Carlos Espinosa 
Alejandro Juárez Ascencio
Alejandro Madrazo
Alfonso Miranda
Alfredo Lecona 
Angela Guerrero Alcantara 
Aram Barra
Aurora Delgado
Carla Fernández
Carlos Brito
Carlos Bravo Regidor
Carlos Cruz 
Carlos de la Rosa 
Carlos Ventura
Carolina Coppel 
Catalina Pérez Correa 
Cesar López Negrete
Daniel Zizumbo 
David Perez Esparza
David Razú 
Denise Dresser
Diego Enrique Osorno
Edgar Guerra 
Elena Azaola 
Eliana Garcia 
Elisa Alanis
Eloy Morales Brand
Ernesto López Portillo 
Eunice Rendon
Fabian Barba
Federico Lefranc 
Fernando Tenorio Tagle
Francisca Pou
Gabriela Delgado Ballesteros 
Gary Alazraki
Genaro Lozano 
Hector Chincoya Teutli
Hermann Fuchs
Hugo Concha Iris
Rocío Santillan
Ixchel Cisneros
Jaime del Conde
Jesus Robles Maloof
Jorge Javier Romero
Jose Antonio Guevara
Jose Luis Caballero 
Jose Mario de la Garza
José Roldan Xopa 
Juan Francisco Torres Landa
Julia Monarrez Fragoso 
Laura Woldenberg
Lisa Sanchez 
Lucía Melgar
Lucía Núñez Rebolledo
Luis Fernando Fernandez
Luis Gonzalez Placencia 
Maite Azuela
Marcela Azuela
Mariana Niembro
Marie Claire Acosta
Martha Juárez Pérez
Martha Lucía Micher Camarena
Martin Barberena 
Mauricio Hernández 
Melissa Ayala
Olga García Villegas
Olga Sanchez Cordero
Oliver Meza
Pablo Girault
Pedro Reyes
Ricardo Rodríguez Luna
Rocío Culebro
Santiago Aguirre 
Sarah Aguilar 
Simón Hernández León 
Sofia Charvel
Ximena Medellin 
Zara Snapp

Organizaciones 
Académicas en Acción Crítica
Asociadas por lo Justo (JASS)
Balance, A.C.
Borde Político A.C.
Causa en Común A.C.
Cencos
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Centro Prodh 
CLADEM México 
Colectiva Ciudad y Género, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Elige, red de jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos
Enjambre Digital
Fundación Arcoriris
Fundem  Fuundec
Instituto de Justicia Procesal Penal Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia
Insyde 
Laboratorio de Innovación para la Paz 
MUCD
Observatorio Nacional Ciudadano
R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales
Spatium Libertas AC
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  “Todos los Derechos para Todas y Todos”  (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)


Presionemos a nuestros legisladores
para exigir una #SeguridadSinGuerra

Como organizaciones reiteramos que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares.

Una Ley de Seguridad Interior es inconstitucional, ya que el Congreso de la Unión no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que anunciaron en el Congreso.

Cualquier medida extraordinaria de seguridad que involucre a las Fuerzas Armadas o la Marina que se pretenda adoptar debe pasar por el esquema de suspensión de garantías, previsto en la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional. Actualmente, la minuta aprobada de la Ley Reglamentaria del 29 no cuenta con suficientes controles ni contrapesos para ello.

En vez de legalizar lo ilegal, se debe de hablar de un retiro programado de las Fuerzas Armadas y del fortalecimiento de las policías civiles a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

No se trata solamente de las iniciativas de Leyes de Seguridad Interior (LSI), sino de un paquete regresivo de legislación que busca reglamentar la presencia de las Fuerzas Armadas y la Marina en actividades de seguridad pública, lo que debilita aún más controles civiles a estas acciones; ejemplos: propuestas de LSI, Ley Reglamentaria de Artículo 29, reformas a la Ley de Puertos, Reformas al Código de Justicia Militar y reformas a Ley contra la Delincuencia Organizada.

Necesitamos construir una #SeguridadNoMilitarizada

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Envía un correo a los 500 diputados para que voten en contra de la Ley de Seguridad Interior

Quem você vai pressionar (359 alvos)
    Como funciona?
    1. Estamos ligando para o seu alvo
    2. Assim que alguém atender do lado de lá, vamos te ligar
    3. Quando você atender, conectamos as ligações
    4. Agora é com você!

    0
    Personas que han presionado



    #SeguridadSinGuerra se refiere a un conjunto de iniciativas que buscan consolidar la militarización del país. Entre ellas se hace referencia a dos iniciativas una presentada por el senador Robert Gil y otra por los diputados César Camacho y Martha Tamayo con las que se pretende aprobar una “Ley de Seguridad Interior”. Una tercera iniciativa se presentó el martes 10 de enero por el Senador Luis Miguel Barbosa.

    Asimismo, el colectivo #SeguridadSinGuerra frenó la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, misma que regula la suspensión de derechos y garantías sin los controles adecuados.




    Descarga las iniciativas aquí:

    Si bien cada iniciativa tiene problemas particulares, lo cierto es que comparten un común denominador. Se trata de proyectos de ley que conjuntamente pretenden:

    1) Legalizar la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles.

    2) Crear un marco de operación militar sin rendición de cuentas o transparencia

    3) Empoderar al Presidente y a las Fuerzas Armadas.

    4) Debilitar los contrapesos legislativos y judiciales para vigilar y controlar la ejecución de dichas tareas.


    Descarga las iniciativas aquí:


    A tres años de Tlatlaya

    Detengamos la militarización. Formemos policías.
    Escucha a las víctimas.


    • Crea la figura “declaratoria de afectación a la seguridad nacional” que no existe en la Constitución y burla el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional (suspensión de derechos y garantías).
    • Abre la puerta para que el Presidente, de manera unilateral y sin aprobación del Congreso, incremente la participación de los militares en funciones de seguridad pública.
    • Debilita el control legislativo y da poder de veto a una comisión integrada por sólo 6 legisladores.
    • Es un cheque en blanco: la definición de “afectaciones a la seguridad interna” es tan amplia que el Presidente puede usar prácticamente cualquier pretexto.
    • Permite que las “declaratorias” se extiendan hasta por un año.
    • Autoriza al ejército a usar la fuerza para repeler o controlar actos de resistencia no agresiva; incluso, con cita textual avala "la utilización de técnicas, tácticas y métodos por la Fuerza Armada Permanente [...] para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva".
    • No contempla una protocolo (aprobado por el poder Legislativo) para el uso de la fuerza durante las declaraciones.
    • Permite que el Ejército realice tareas de procuración de justicia y de inteligencia: recibir denuncias, practicar detenciones, investigar y perseguir delitos, recoger testimonios, recolectar información.
    • Autoriza el espionaje y geolocalización indiscriminada de ciudadanos, y permite que toda información obtenida quede en manos de múltiples autoridades (CISEN, Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Comisión Nacional de Seguridad, Fiscalía General).
    • Es una simulación. Pretende que en 90 días los militares cuenten con un adecuado “adiestramiento y doctrina para operaciones de seguridad interior en estricto apego a los derechos humanos”.
    • No contempla una ruta para que los militares regresen a los cuarteles.
    • No distingue entre desastres naturales y emergencias relacionadas con violencia.
    • Viola el principio federal, pues subordina a todas las autoridades estatales frente a las federales.


    • Crea la figura “declaratoria de protección a la seguridad interior” que no existe en la Constitución y que burla el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional (suspensión de derechos y garantías).
    • Crea otra figura, la de “acciones de orden interno” que busca hacer permanente la participación de militares en tareas como el establecimiento de bases de operaciones y puestos de vigilancia, patrullajes, intercepciones y “las demás que se consideren necesarias”.
    • Es un cheque en blanco: las definiciones de “seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior” son tan amplias que permiten que el Presidente realice “declaraciones” y “acciones” bajo cualquier pretexto.
    • Autoriza al ejército a usar armamento en contra de actos de resistencia no agresiva.
    • Abre la puerta para que el Presidente, de manera unilateral y sin aprobación del Congreso, incremente la participación de los militares en funciones que corresponden a autoridades civiles.
    • Traslada el control de los civiles a los militares, al establecer que un “Comandante de las Fuerzas Armadas” será quien dirija las acciones.
    • Abre la puerta a que los militares espíen de manera indiscriminada a la ciudadanía. Cita textual: "Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información".
    • Permite que las” declaratorias” se prorroguen y modifiquen de manera indefinida.
    • No contempla una ruta para que los militares regresen a los cuarteles.
    • No distingue entre desastres naturales y emergencias relacionadas con violencia.

    • Permite que los estados de excepción se prorroguen indefinidamente (mientras que la Constitución señala que deben ser temporales).
    • Permite que unos cuantos diputados y senadores (y no todo el Congreso de la Unión) aprueben, modifiquen y extiendan la suspensión de garantías.
    • Obliga a que los civiles “cooperemos” con las autoridades (militares) para “proteger” bienes e instalaciones.
    • Impide que la Suprema Corte sea un contrapeso efectivo al exigir una mayoría calificada (8 de 11 votos) para invalidar el Decreto de suspensión de garantías.
    • Limita la efectividad del juicio de amparo, pues impide que (salvo excepciones) las acciones del Ejecutivo realizadas durante las emergencias se suspendan.
    • Viola el principio federal, pues subordina a todas las autoridades estatales frente a las federales.
    • No distingue entre desastres naturales y emergencias relacionadas con violencia.
    • Impide que el Poder Legislativo cuente con la información necesaria para vigilar las acciones del Presidente.


    Voces de los expertos

    La importancia de #LegislarConEvidencia

    Opinión del Dr. Alejandro Madrazo Lajous
    sobre una Ley de Seguridad Interior
    Opinión de Catalina Pérez Correa sobre
    las iniciativas de Ley de Seguridad Interior
    Opinión de Ernesto López Portillo sobre
    las iniciativas de Ley de Seguridad Interior
    Jorge Javier Romero y Pedro Salazar hablan sobre
    las iniciativas de Ley de Seguridad Interior
    Testimonio de Alicia Rabadán sobre
    la ejecución de su hijo por militares
    Testimonio de Héctor Sánchez sobre
    la ejecución de su hijo por militares
    Testimonio de Jorge Parral sobre
    la ejecución de su hijo por militares

    Una opinión de un defensor de una Ley de Seguridada Interior
    (Sin comentarios)



    #LegislarConEvidencia

    Desde que comenzó la estrategia de intervención militar, el número de homicidios dolosos aumentó de 122 % en sólo cuatro años. Pasamos de 10 mil 253 muertes anuales en 2007 a 22 mil 852 en 2011. Actualmente suman más de 213 mil homicidios dolosos. Fuente : Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

    Aumento alarmante de desapariciones: más de 30 mil 942 personas se encuentran desaparecidas sin contar personas migrantes. Fuente: Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 2017 (RNAPED)

    En Colombia desaparecieron 60 mil personas en 45 años, en México la mitad de esta cifra en tan sólo 4 años.

    Entre enero de 2007 y marzo de 2013, se registraron más de 1,800 muertes violentas de menores de edad en hechos vinculados en la guerra que contra las drogas. Fuente: Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)

    De 2000 y 2006, la CNDH registró 1 mil 135 quejas contra las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos y 11 recomendaciones al
    gobierno mexicano. De 2006 a 2016 la CNDH ha registrado 10 mil 751 quejas y emitido 146 recomendaciones en contra de las fuerzas armadas. 1,075 quejas y más de 14 recomendaciones en promedio al año. Fuente: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

    El Ejército mexicano mata a 8 personas por cada una que hiere. Entre 2008 y 2014, el índice de letalidad (número de civiles muertos por cada civil herido en enfrentamientos con fuerzas federales) del Ejército y de la Marina fue de 10.4 y 16.8 respectivamente. Muy superiores al índice de 6.6 reportado por la Policía Federal. Fuente: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

    En estados donde la militarización data de décadas atrás, como Guerrero, la violencia ha ido en aumento permanente. En 2015, Guerrero tuvo la tasa más alta de homicidios en el país: 54.5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Fuente: Instituto para la Economía y la Paz.

    Más de 287 mil personas han sido desplazadas por la violencia y la estrategia de seguridad con intervención militar. Fuente: Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados y Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

    Existen 1, 273 denuncias por tortura a manos de militares entre 2006 y 2014. Fuente: Solicitud de información Procuraduría General de la República

    Por 10 años se ha construido una narrativa y una estrategia de seguridad sin datos que las sustenten. Fuente: Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República


    Perpetuar el fallido modelo de seguridad

    Informe sobre la Ley de Seguridad Interior y el legado de una década
    de políticas de seguridad en México contrarias a los derechos humanos.

    A una década de la llamada "Guerra contra el narcotráfico" los resultados no han sido los esperados ni en el combate a la violencia, ni en la reducción de la criminalidad, ni en el fortalecimiento de nuestras instituciones policiales y de justicia.
    El fracaso de las políticas de seguridad del Estado mexicano no ha pasado desapercibido para las instancias internacionales de derechos humanos quienes han recomendado a México transitar de un modelo militar a un modelo de seguridad civil. 

    Llamar a debatir el modelo de seguridad simplemente es defender las bases constitucionales de nuestra democracia.

    Prensa #SeguridadSinGuerra

    9 - Templo Mayor. Reforma
    18 - La Constitución sometida. El Universal
    21 - La policía militar, al quite Animal Político
    Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional

    16. Diez años de absurda guerra – El Universal
    Ley de Seguridad Interior


    48. Seguridad interior, la prioridad – El Economista
    Notas recientes relacionadas con la militarización de la seguridad en México

    1. Levanto las dos manos - Excelsior
    2. Un Golpe Silencioso – El mañana
    5. Crítica de la mano dura - Vanguardia
    7. Poder civil, poder militar – El Financiero
    15. Se legalizará el sinsentido – el Diario de Coahuila
    16. Con pendientes, cierra Congreso – El Universal
    48. Demandan ONG reforma policial – El Siglo de Torreón
    Comunicado #SeguridadSinGuerra
    • México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia.
    • Es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Una Ley de seguridad interior no es la vía adecuada.
    • Imprescindible trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial.

    Las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar. Así lo han expresado múltiples organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio Secretario de la Defensa. Así también lo ordena la Constitución. Sin embargo, la realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA) mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace 10 esta participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil.

    En este contexto, se ha planteado la necesidad de dar a las FFAA un marco legal para definir los alcances de su participación en las tareas de seguridad pública. Coincidimos en que es indispensable regular a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no creemos que una Ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las Fuerzas Amadas ni a la ciudadanía. Se trata de una respuesta que no atiende los problemas que han llevado a que las FFAA hoy sean las únicas capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. La propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.

    La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional. La propuesta de crear una Ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas. La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio ha desgastado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados, tal como lo ha reconocido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.

    México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia. Antes que una Ley de seguridad interior, se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello, es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables. El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido.

    El concepto de seguridad interior es poco claro. Confunde las funciones –y tareas- de seguridad nacional y de seguridad pública. Las propuestas de Ley en la materia proponen un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia entre otros, a la vez que no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación. Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad.

    La Ley de seguridad interior no es el mejor ni el único camino en la actual encrucijada. Como colectivo proponemos:

    1. Promulgar la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías. En esta ley se debe:
    a. Incluir fuertes contrapesos del poder legislativo y judicial.
    b. Fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables.
    c. Incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública.
    d. Considerar un modelo de controles múltiples en terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del propio Congreso, tales como la integración de comisiones adhoc que soliciten información y realicen inspecciones en los lugares donde se desplieguen las FFAA.

    2. Las intervenciones de las Fuerzas Armadas en estos operativos deben ir aparejadas con una normatividad de uso de la fuerza, armamento y rendición de cuentas, apropiada para las tareas de seguridad pública.

    3. Crear una comisión plural de trabajo entre representantes del Ejecutivo Federal, del Congreso de la Unión, de la academia, de las víctimas de la violencia a lo largo de estos diez años de seguridad militarizada, y de la sociedad civil organizada que construya el consenso que soporte esta ley reglamentaria, con base en diagnósticos y evidencia empírica.

    4. Construir en el seno de la misma comisión un plan de regreso de los militares a los cuarteles, sujeto a condiciones y estándares precisos de contención y reducción de la violencia a manos de autoridades civiles competentes y confiables. El plan puede ser incluido en los artículos transitorios de la ley reglamentaria referida.

    5. El plan de regreso debe incluir el diseño de un perfil de competencias profesionales y de herramientas de supervisión sobre las tareas de policía y de investigación que actualmente desempeñan las autoridades militares, así como mecanismos anticorrupción en todas las instancias de seguridad.

    6. Igualmente, esta comisión debe diseñar los ajustes necesarios al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para forzarlo a cumplir con la profesionalización policial, sujeto a plazos y establecer consecuencias ante el incumplimiento.

    7. El plan debe considerar que se restablezca una instancia de coordinación para la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, estableciendo un programa coherente y consistente de combate a la impunidad.

    8. Se debe asegurar una supervisión independiente, imparcial y expedita de las violaciones a los derechos fundamentales.

    No se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo. La Ley de seguridad interior es el síntoma extremo de un paradigma de seguridad que fracasó. Esto es constatable con la alta proporción de víctimas de todo tipo de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la extendida percepción de inseguridad, la sub denuncia desproporcionada y la masiva desconfianza social hacia las instituciones que la deberían proteger. El despliegue militar afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos. Es hora de cambiar la ruta para lograr una seguridad sin guerra.

    Ciudad de México a 12 de marzo de 2017

    Alan García Huitrón, Alberto Athié. Aleida Calleja, Alejandra Nuño, Alejandro Anaya, Alejandro Madrazo, Ana Lorena Delgadillo, Alma Gómez Caballero, Álvaro Santos, Ana Lidia Murillo Camacho, Angélica Nadurille Álvarez, Antonio Cervantes Guerrero, Carlos Antonio Flores Pérez, Carlos Cruz Santiago, Carlos Fazio, Carlos Ventura Callejas, Carolina Pimentel, Carolina Robledo Silvestre, Catalina Pérez Correa, Cecilia Bárcenas, Celina Izquierdo Sánchez, Clara Jusidman, Claudia Janette Soto, Consuelo Morales, Cuba Flores. Cynthia Salazar, Cinthia Eslava Montiel, Dafne Estefanía Gómez, Daniel Gershenson, David Fernández Dávalos, Deborah Ruíz Verduzco, Denise Dresser, Diana Paola Olvera Feregrino, Diego Enrique Osorno, Edgar Cortez, Eduardo Gallo, Elena Azaola Garrido, Eliana García, Enrique González Ruiz, Enrique Pasta Muñuzuri, Ernesto López Portillo, Erika Llanos Hernández, Eurídice Román De Dios. Fernando Belaunzarán, Fernando Ríos Martínez, Francisco Saucedo Pérez, Guadalupe Aguilar, Helena Varela Guinot, Imelda Marrufo, Irma Rosa Martínez Arellano, Isabel Mejía Echarri, Jacobo Dayán, Javier Sicilia, Jesús Mendoza Zaragoza, Jesús Robles Maloof, Jorge Fernández Mendiburu, Jorge Fernández Souza, Jorge González de León, Jorge Javier Romero Vadillo, José Carlos Bustamante Luna, José Luis Caballero, José Salcido, Julián Mejía Berdeja, Julio Mata. Julio Ríos, Karina Ansolabehere, Layda Negrete, Leticia Gutiérrez Valderrama, Leticia Vázquez, Lisa Sánchez, Lucha Castro, Lucia Baca Baca, Luis Daniel Vázquez Valencia, Luis F. Fernández, Luis González Plascencia, Maite Azuela, Mara Hernández, Margarita Espino del Castillo, Margarita López, María Guadalupe Morfín Otero, Mariana Bernárdez, Mariclaire Acosta, Mario Saucedo Pérez, May-ek Querales Mendoza, Miguel Álvarez Gándara, Miguel Barrera, Miguel Concha Malo, Miguel Sarre Iñiguez, Nasheli Ramírez, Norma González Benítez, Olga Noriega, Pablo Girault, Pablo Reyna Esteves, Pablo Romo Cedano, Paulina Vega, Pilar Noriega García, Quetzalcoatl G. Fontanot, Ramón Gracida Gómez, Roberto Hernández, Rocío Culebro, Rogelio Gómez Hermosillo, Santiago Aguirre, Samia Cruz Rivera, Sarah Aguilar, Séverine Durin, Silvano Cantú Martínez, Silvia Eslava Montiel, Teresa Carmona Lobo, Vanesa González-Rizzo. Yolanda Tello Mondragón.

    Organizaciones Asociación Sinaloense de Universitarias, AC Albergue Tochán Causa en Común, A. C. Cauce Ciudadano AC Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", A.C. (Guerrero) Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Chiapas) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A. C. (Coahuila) Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. A. C. Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A. C. Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A. C. Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C. Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. Colectiva Ciudad y Género, A. C. Colectivo Colibrí Colectivo Ni Una Menos. Cancún Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo Comité Solidario y Derechos Humanos Monseñor Romero Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Oaxaca) Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Enjambre Digital Espacio libre independiente Marabunta Familiares en Búsqueda María Herrera Familiares en Búsqueda María Herrera-Xalapa Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) Indignación, A. C. Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ. Universidad Iberoamericana Puebla Instituto de Justicia Procesal Penal, AC Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (IMDHD) Instituto para la Seguridad y la Democracia, (Insyde) Justicia para Nuestras Hijas, A. C. La Alameda Morelos Laboratorio de Innovación para la Paz México Unido contra la Delincuencia A.C. Mi Ciudad Mx Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Participando por México A.C. Plataforma Internacional contra la Impunidad (Guatemala) Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana CDMX Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma de Morelos Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz, ITESO (Guadalajara) Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez Red retoño Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC Regresando a Casa Morelos, A. C. Renacer Lagunero Ririki Intervención Social Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiado, SMR Sicsal México (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina) Unidos por los Desaparecidos en Baja California Uniendo Cristales Desaparecidos Justicia A.C.

    Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
    Esta plataforma se creó en apoyo a las organizaciones firmantes para evitar que los diputados aprobaran al vapor la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional sin que se establecieran controles y contrapesos adecuados, así como para abrir la discusión en torno a las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior. A pesar de ello, éstas son sólo algunas iniciativa más de un paquete de iniciativas que promueven una intervención mayor del Ejército en tareas de seguridad pública.

    Como organizaciones reiteramos que la seguridad pública debe estar a cargo de instituciones civiles, no militares.

    El contenido de este sitio provienen de distintas organizaciones, el cual es sintetizado y procesado por representantes del colectivo #SeguridadSinGuerra para el uso de esta plataforma digital. Cualquier duda o atención sobre la plataforma escribir a: contacto@seguridadsinguerra.org